Seguridad Integral Canaria retirara el ERE en el servicio de vigilancia de Metro de Madrid

SANCION A UN VIGILANTE DE SEGURIDAD POR LLEVAR LA PLACA DEBAJO DEL JERSEY

Adjuntamos una noticia por la que la Delegación de Gobierno sanciona a un vigilante de seguridad por portar la placa distintivo en la camisa , debajo del jersey, y , por tanto, no estar visible como marca la norma.

 

Es increíble y mientras el intrusismo en el sector por parte de empresas que realizan funciones de seguridad no cesa.......

 

Por si estáis con " algún tocapelotas " portar siempre en lugar visible la placa distintivo.

• Ver/descargar la notificación de la sanción (PDF)

La Universidad Complutense oferta el primer curso de 'Especialista en Dirección de Seguridad' junto a Prosegur

La logística de valores y gestión del efectivo, los sistemas integrales de seguridad, la vigilancia dinámica, así como las tendencias que definirán el futuro de esta industria, serán las áreas estratégicas que analizará el programa

La Universidad Complutense junto a Prosegur, una de las principales compañías de seguridad privada líder en España, ha puesto en marcha su primer programa superior de "Especialista en Dirección de Seguridad" con el objetivo de ofrecer una educación especializada a los futuros directores de seguridad o a todos aquellos profesionales interesados en ampliar sus conocimientos en este ámbito.

El programa analizará áreas estratégicas del sector de la seguridad, como son la logística de valores y gestión del efectivo (LVGE), los sistemas integrales de seguridad (SIS) o la vigilancia dinámica, así como las tendencias que definirán el futuro de esta industria. La formación, que comenzó el pasado mes de octubre, tiene una duración de un año, está dividida en seis módulos especializados, y se lleva a cabo tanto en el Centro Superior de Estudios de Gestión de la UCM como en las de la Universidad de Prosegur. El título propio será impartido por profesores de la UCM y por expertos de diferentes áreas de negocio de la Compañía. Con esta iniciativa, la Universidad Complutense y Prosegur reafirman su apuesta por el talento a través del apoyo y formación de los futuros profesionales.

El Centro Superior de Estudios de Gestión de la UCM está especializado en tareas formativas orientadas al mundo profesional y empresarial. Sus cursos están perfectamente diseñados para formar y reciclar profesionalmente a toda una generación de posgraduados y profesionales que deben adaptarse a las necesidades del sistema productivo, hacia nuevos espacios de innovación, exploración de nuevas vías productivas, de mayor eficiencia y competitividad en todos los ámbitos y sectores.

Prosegur se sitúa por cuarto año consecutivo entre las 100 empresas con mayor reputación corporativa de España

Prosegur ha sido reconocida, por cuarto año consecutivo, como una de las 100 empresas con mayor reputación corporativa en España, según el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco). La Compañía, que en esta edición ocupa el puesto 53, adelanta cuatro posiciones con respecto a 2013 y es la única empresa del sector de la seguridad privada que aparece en el ranking.

El listado, encabezado por Inditex, Mercadona y Santander, también posiciona a Prosegur como una de las compañías más responsables del país y sitúa a su presidente, Helena Revoredo, entre los líderes empresariales más reputados de España, otorgándole el puesto 62 de este análisis. La presidente de la Compañía, licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Católica de Buenos Aires y PADE por el IESE Business School, está al frente de Prosegur desde 2004. En estos años, ha liderado su expansión internacional, destacando el inicio de la actividad en nuevos mercados, como Alemania, China, India, Singapur y más recientemente Australia. Asimismo, Helena Revoredo ha potenciado la puesta en marcha de proyectos de Acción Social en la Compañía, a través de la Fundación Prosegur que también preside.

La empresa responsable del sector de la seguridad privada

El informe Merco, que se realiza anualmente, ha valorado diferentes aspectos de la Compañía, como su solvencia económica y financiera, el valor de la marca, la calidad de sus productos y servicios y la política de gestión de personas, así como su compromiso con la sociedad.

En este sentido, Prosegur, que ocupa el puesto 70 del listado de empresas responsables, cuenta con una fundación propia a través de la que canaliza sus proyectos de acción social centrados en los campos de la educación, la inclusión social y laboral de personas con discapacidad y el voluntariado corporativo.

De esta manera, la inclusión de la Compañía entre las empresas más responsables de España supone un reconocimiento a su política de Responsabilidad Corporativa, que tiene como objetivo la creación de valor sostenible en el largo plazo para sus clientes, empleados, accionistas, proveedores y la sociedad en general.

Prosegur, adherida desde 2002 al Pacto Mundial de Naciones Unidas, también es socia y miembro del Comité Ejecutivo de la Red Española del Pacto Mundial. Asimismo, la Compañía forma parte del índice de sostenibilidad FTSE4Good IBEX, que permite a los inversores responsables identificar e invertir en aquellas empresas que cumplen con los estándares globales de responsabilidad corporativa.

Así, este compromiso social ha sido respaldado por el informe Merco para cuya elaboración se han llevado a cabo entrevistas a más de 1.300 directivos empresariales y se han realizado cerca de 800 evaluaciones por parte de expertos entre los que destacan analistas financieros, técnicos de RSC, asociaciones de consumidores y líderes de opinión.

Endesa arranca su OPV y ficha a la presidenta de Prosegur como consejera

ENEL ha encendido las turbinas para poner en marcha la colocación en bolsa de hasta un 22% del capital social de Endesa, de la que es máximo accionista, entre inversores minoristas y mayoritarios, según adelantó El Confidencial. La oferta inicial representaría aproximadamente un 17% incluyendo, en todo caso, la "opción de compra green shoe por el 15% del importe final que se otorgaría a las entidades coordinadoras globales", como ha confirmado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Una colocación que tendrá un alto componente minorista, ya que un 30% de la operación estará reservada a inversores particulares. Será la mayor oferta de acciones con tramo retail desde el debut de Bankia en el verano de 2011. Según indicaron a El Confidencial fuentes próximas a Endesa, el importe de la colocación asciende a cerca de 3.000 millones de euros. De esta cantidad, aproximadamente un 70% se destinará a inversores institucionales –gestores de fondos, de pensiones y aseguradoras–, con especial hincapié en los internacionales. El restante 30% se venderá a pequeños ahorradores a través de las sucursales bancarias de las entidades colocadoras.

Una Oferta Pública de Venta (OPV) que podría comenzar tan pronto como este viernes si el supervisor bursátil registra el folleto de la colocación que ha sido aprobado por los consejos de administración de Enel Energy y Endesa. Además, ambas compañías "asumirían un compromiso de no transmisión o emisión de acciones de Endesa (lock up) durante los 180 días siguientes a la liquidación de la oferta", según se especifica en el hecho relevante.

Las entidades coordinadoras de la oferta y aseguradoras del tramo reservado para inversores cualificados son Banco Santander, BBVA, Credit Suisse y JPMorgan, mientras que, además, Goldman Sachs, Morgan Stanley y UBS actuarán como aseguradoras del tramo de inversores cualificados. Por su parte, los dos grandes bancos españoles liderarán el sindicato de entidades colocadoras del tramo minorista.

Por otro lado, el consejo de administración de Endesa, que se reunió ayer, ha designado vocal del consejo de administración a Helena Revoredo Delvecchio, presidenta y máxima accionista de Prosegur. También formará parte del comité de auditoría y cumplimiento, y miembro del comité de nombramientos y retribuciones.

Helena Revoredo (Prosegur) se queda con la sede fantasma de la CNE por 11,3 millones

Helena Revoredo, viuda del fundador de Prosegur, actual presidenta de la compañía y una de las mujeres más ricas de España según Bloomberg, es la nueva propietaria del edificio situado en la calle Barquillo número 13 de Madrid, que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sacó a subasta a principios de octubre, junto a varios pisos de lujo y plazas de garaje en la capital.

Según han confirmado a El Confidencial fuentes del ministerio, la compra se articuló a través de Proactinmo, compañía dedicada al alquiler de bienes inmobiliarios y participada al 100% por Gubel, la sociedad patrimonial de la familia Revoredo. Helena Revoredo controla el 56% y sus cuatro hijos el capital restante.

La subasta tuvo lugar el pasado 1 de octubre en el Hotel Wellington de Madrid y solamente hubo un único postor, Proactinmo, que pagó 11,3 millones de euros, el tipo mínimo de licitación. 

El edificio en cuestión tiene su historia, puesto que fue adquirido el 16 de septiembre de 2008 –un día después de la quiebra de Lehman Brothers y en plena sacudida mundial– por la antigua Comisión Nacional de la Energía (CNE), antecesora de la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia (CNMC). Por él, la CNE pagó a la inmobiliaria Taburete 19 millones de euros, ocho más que lo que finalmente ha conseguido el Estado por este edificio. O lo que es lo mismo, ha tenido que asumir una depreciación del 40% sobre su valor de compra. 

Maite Costa, entonces presidenta de la CNE adquirió el inmueble con la intención de ampliar las oficinas de la CNE, cuya sede se encontraba muy cerca, en la calle Alcalá. De hecho, el edificio estaba llamado a convertirse en la sede de la CNE, pero su ruinoso estado impidió que llegara a materializarse. La CNMC, sucesora de la CNE, lo heredó y decidió entregárselo hace meses a Patrimonio del Estado. Finalmente, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas decidió ponerlo a la venta a través de la  Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria del Patrimonio (Segipsa). 

Se trata de un inmueble del siglo XIX con una superficie de 3.174 metros cuadrados de uso residencial. Dispone de cuatro plantas y un sótano integrados por cinco locales y cinco viviendas. La falta de mantenimiento y de uso de los últimos años han deteriorado su estado, que obtuvo un resultado "desfavorable" en la última InspecciónTécnica de Edificios (ITE) llevada a cabo por el Ayuntamiento de Madrid, tal y como recogía el pliego de condiciones de la subasta del inmueble. El contrato de adjudicación advertía también de que las reformas que este precise para obtener permiso de residencia irán con cargo al adjudicatario.

Situado frente al Palacio de Buenavista, a escasos metros de la Plaza de Cibeles y del Banco de España, el edificio adquirido por la familia Revoredo se encuentra en una calle muy cotizada desde el punto de vista residencial y que ya ha atraído el interés de inversores internacionales. Como el del millonario venezolano Miguel Ángel Capriles López, quien,  al igual que otras grandes fortunas del continente sudamericano durante la crisis, ha comprado varios edificios singulares, uno en pleno centro de Madrid, ubicado, precisamente, en la cotizada Calle Barquillo.

La subasta orquestada por Segipsa incluyó, además del edificio de la calle Barquillo, un total de cinco lotes comprendidos en el Programa para la Puesta en Valor de los Activos Inmobiliarios del Estado, puesto en marcha por el Ministerio de Hacienda. No obstante, la puja por tres de los paquetes se declaró desierta al no haber interés por parte de los participantes. Sí se enajenó, además del edificio mencionado, un lote que incluía una oficina y 19 plazas de garaje en la calle de Miguel Ángel, en Madrid.

En el último año, la venta de activos en manos de las Administraciones Públicas se ha acelerado. En Madrid capital, la Comunidad ha cerrado con éxito la venta de Gran Vía, 18 y Gran Vía, 3 por más de 26 millones de euros y Plaza Chamberí, 8 por 40, pero no ha tenido tanta suerte con otros inmuebles como, por ejemplo, el situado en la calle Alcalá 1, a escasos metros de la Puerta del Sol y por el que pide 10,7 millones de euros. La mayoría de ellos se encuentran anunciados en la web inmobiliaria Addmeet. Un canal, el de internet, que ha cobrado protagonismo a la hora de agilizar los movimientos dentro del mercado inmobiliario español. 

España bajo vigilancia privada

La Administración General del Estado (AGE) mantiene 250.592 contratos de seguridad privada con medio centenar de empresas del sector, según las cifras facilitadas al Congreso de los Diputados a petición del diputado socialista Juan Carlos Corcuera Plaza. Desde cuarteles y bases militares a juzgados, pasando por cárceles, oficinas de la Seguridad Social y establecimientos ministeriales, puede decirse que muy pocas dependencias oficiales se hallan fuera del control, la videovigilancia, la alarma y la custodia de las empresas privadas de seguridad.

El Gobierno –la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristobal Montoro, en este caso– no han aportado el volumen económico que representa tan ingente contratación de seguridad para las dependencias administrativas. El cómputo llevará tiempo, pero una estimación global a partir de los presupuestos de 2015 permite hablar de una cifra superior a 1.100 millones de euros, casi el doble de lo que el Ministerio del Interior destina al funcionamiento y las nóminas de los 68.901 agentes en la plantilla del Cuerpo Nacional de Policía.

Las cinco primeras empresas en número de contratos, según el ejercicio de 2013, son Securitas Direct España (130.282), Prosegur España (22.725), Tyco Integrated Security (9.026), Detector de Seguimiento y Transmisión (8.076) y Segur Control (5.091). Si se añaden las cinco siguientes en volumen de contratación, la cifra de contratos se eleva a 193.953. Entre las veinte primeras figura Seguriber, con 1.452 contratos.

Como es sabido, esta empresa, presidida por la presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica de Oriol, especialista en insultar a los jóvenes en paro y a las mujeres en edad de procrear, era la encargada de vigilar el recinto del Madrid-Arena en el que murieron asfixiadas cinco jóvenes hace dos años. También fue elegida durante muchos años por el PP para dar escolta a sus cargos públicos y responsables del partido en el País Vasco, con cargo al presupuesto del Ministerio del Interior. Con el fin del terror de ETA, el departamento de Jorge Fernández Díaz le encargó un “plan piloto” para privatizar el control de los accesos y la vigilancia exterior de las prisiones y finalmente le ha adjudicado, como cabeza de una unión temporal de empresas, ese servicio en todas las cárceles, menos las catalanas, en las que no tiene competencias.

La firma de esos 250.592 contratos con 50 empresas –la que menos contratos tiene asignados es Serramar Vigilancia y Seguridad, con 620–, desmiente la unidad y centralización de las compras y la contratación para ahorrar gasto público, largamente anunciada por la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, y refleja una dispersión y autonomía de cada departamento y negociado de la AGE objetivamente incompatible con la buena administración de los recursos públicos y el combate de la corrupción. Entre esas cincuenta empresas con más contratos figura Seguridad Integral Canaria, con 762, cuyo presidente, Miguel Ángel Ramirez -indultado por el Gobierno de un delito ecológico y amigo del ministro de Industria, José Manuel Soria,- aparece en los listados de donantes al PP.

El extraordinario desarrollo de la seguridad privada, fomentado con especial empuje por los gobiernos del PP en la época de Aznar y de nuevo con Mariano Rajoy de jefe del Ejecutivo, tiene una incidencia directa en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana que presenta este jueves en el pleno del Congreso el ministro Fernández Díaz. El texto cuenta con el rechazo del PSOE y de toda la oposición de izquierda, que ha presentado enmiendas de devolución.

La ley Fernández fija en su artículo 7-3, el “especial deber” de las empresas de seguridad privada, los despachos de detectives privados y el personal de seguridad privada de auxiliar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones, prestarles la colaboración que precisen y seguir sus instrucciones en relación con los servicios que presten cuando afecten a la seguridad pública. En contrapartida, se dota a los vigilantes privados de una “protección jurídica” análoga a la de los agentes de seguridad “frente a las agresiones o desobediencias” de las que puedan ser objeto por los manifestantes al cumplir ese “especial deber” de cooperar con las fuerzas de seguridad.

Pero esta nueva instrumentación de la seguridad privada no figura en la ley Fernández sino en la nueva regulación del sector que entró en vigor en septiembre pasado. El PP entendió que el principio general de exclusión de la seguridad privada de los espacios públicos resultaba “obsoleto” y estableció en los artículos 14 y 15 de la nueva Ley de Seguridad Privada desde la intervención de los vigilantes contra los manifestantes hasta la entrega de datos, identificaciones y filmaciones.

PSOE ve "patético" que Seguriber, empresa de seguridad del Madrid Arena, tenga al frente a una "cavernícola"

El portavoz adjunto del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Diego Cruz, ha tildado de "patético, horroroso y vergonzoso" que al frente de Seguriber, una empresa que "no se ha distinguido en los últimos meses por su buen hacer" --fue la sociedad encargada de la seguridad en la tragedia del Madrid Arena--, esté alguien como la "cavernícola" Mónica Oriol.

   Todo ello después de que Oriol, accionista mayoritaria en Seguriber y presidenta del Círculo de Empresarios, asegurara que prefiere contratar a mujeres menores de 25 o mayores de 45 años, es decir, que no vayan a tener hijos, para no tener "problemas" cuando se queden embarazadas.

   El socialista ha señalado, en declaraciones a Europa Press, que frases como la de ese tipo "no se pueden pronunciar ni como chascarrillos de mal gusto", a lo que ha añadido que si realmente aplica lo que dice estaría incurriendo en una "discriminación" tipificada como tal por la ley. "Demuestra una mentalidad cerril e impropia de una mujer y empresaria del siglo XXI", ha remarcado.

Podeis leer la noticia ampliada aquí.

Seguridad Integral Canaria a retirar el ERE en el servicio de vigilancia de Metro de Madrid

La empresa Seguridad Integral Canaria ha retirado un ERE, que afectaba a unas 90 personas, en el servicio de seguridad en Metro de Madrid  por un defecto de forma al no aportar la empresa la documentación necesaria para el proceso.

El pasado día 3 de septiembre la empresa Seguridad Integral Canaria anuncio su intención de iniciar un periodo de consultas para abordar el despido colectivo de 90 trabajadores y trabajadoras en su servicio de seguridad en el suburbano madrileño. El argumento de la medida por parte de la empresa es la disminución de personal de seguridad privada estipulada por Metro de Madrid.

El inicio del periodo de consultas empezó dias atrás donde la parte social se percató que la forma de comunicación a los representantes de los trabajadores no había sido la correcta y la documentación aportada no obedecía a los requerimientos mínimos para su admisión por la autoridad laboral y por ende a todos los representantes de los trabajadores y trabajadoras.

La empresa ha reconocido las deficiencias y ha decidido junto con la comisión negociadora retirar el expediente por unanimidad.

FES UGT Y la seccion sindical de Ugt en Seguridad Integral Canaria de Madrid, muestraron su satisfacción por la noticia, pero seguirán expectantes ya que entiende que se trata de un aplazamiento y la empresa puede volver presentar dicho expediente.

Prosegur abre una nueva delegación en Portugal

Madrid, 22 sep (EFECOM).- Prosegur ha reforzado su presencia en Portugal con la inauguración de una nueva delegación en el Algarve desde la que trabajarán 70 empleados que prestarán servicios de vigilancia, logística, tecnología y alarmas y que se suman a los más de 7.000 trabajadores que la compañía tiene en el país.

La delegación, que se ubica en la localidad de Loulé (región de Faro), se une a las seis con las que ya contaba Prosegur en Portugal, un mercado en el que facturó cerca de 150 millones de euros en 2013.

Según ha señalado la presidenta de Prosegur, Helena Revoredo, esta nueva delegación confirma la apuesta de la compañía por Portugal, país que fue la primera parada internacional hace cerca de 35 años y del que esperan obtener importantes retornos en el futuro.

Actualmente, Prosegur desarrolla su actividad en 17 países de Europa, Latinoamérica, Asia y Oceanía, donde cuenta con más de 400 sedes propias en las que trabajan 150.000 profesionales

Perú/Colombia: Prosegur debe denunciar las amenazas y ataques contra sindicalistas

Exigimos justicia para Luis Cárdenas, un dirigente sindical en Prosegur que fue víctima de un brutal y violento ataque cerca a su hogar en el Perú.

Cárdenas, un trabajador en la firma española de seguridad que estaba en sus horas libres, quedó hospitalizado tras un ataque cuando un cobarde y anónimo criminal lo golpeó en la cabeza con una piedra. 

El asaltante huyó sin llevarse ninguna de las pertenencias personales de Luis, dejando la fuerte impresión que Luis fue el blanco del ataque simplemente por ser un dirigente sindical. 

Solamente un mes anterior, peligrosos e incitantes folletos fueron distribuidos a personal de Prosegur identificando a Cárdenas como un dirigente sindical y acusándolo falsamente de robar fondos sindicales.

Hemos visto folletos similares distribuidos en sedes de Prosegur en Colombia, pero la empresa ha negado cualquier responsabilidad y ha reclamado que no saben quiénes están tras la distribución de ellos.

Dichos materiales difamatorios o degradantes ponen a trabajadores de Prosegur en riesgo, pero la empresa continúa permitiendo la distribución en sedes de Prosegur.

UNI Global Union llama  a Prosegur a denunciar en público toda forma de amenazas y violencia contra miembros de sindicatos y prevenir la distribución de cualquier material que incita violencia.

PRENSA | Hablemos de los sindicatos de empresa

En un momento como el actual en el que "innovar", tanto a nivel político como sindical, se ha impuesto como "moda de obligado cumplimiento", el sindicalismo que vienen practicando organizaciones como la UGT se está poniendo continuamente en tela de juicio. 

"No podemos ni queremos pasar por alto" los logros, que a lo largo de nuestra historia, se han conseguido a través de la Unión General de Trabajadores. Logros obtenidos como el resultado de preservación de unos valores contrarios a los defendidos por los, cada vez más en boga, "sindicatos de empresa", quienes a la sombra de las patronales vienen descomponiendo, junto a las reformas laborales que estamos padeciendo, el trabajo realizado en favor de los derechos de los trabajadores y trabajadoras durante décadas.

No es una novedad el interés que siempre han mantenido las empresas en controlar la RLT (Representación Legal de los Trabajadores) para asegurarse la implantación de todo aquello que quisiera hacer sin ninguna oposición, pero es vergonzoso que, en pleno siglo XXI, todavía nos encontremos organizaciones que son auténticas herederas del sindicalismo vertical del franquismo. Son numerosas las empresas que tienen una política sindical muy definida: "promover los sindicatos de empresa y combatir a los sindicatos de clase".

Durante muchos años, las direcciones de estas empresas han ejercido una imparable estrategia consistente en socavar la representatividad de los sindicatos de clase, como es el caso de la UGT, a costa de recompensar la afiliación a sus sindicatos -Fasga y Fetico- y, de esta manera, ir "comprando" a sus propios representantes a cambio de promociones, mejoras salariales, etc.

UGT no ha cesado de denunciar la complicidad de los sindicatos de empresa, Fasga y Fetico, con la patronal de grandes almacenes en la firma de un convenio que ha supuesto, en la práctica, la aplicación salvaje de las reformas laborales (horas extraordinarias encubiertas, disponibilidad absoluta de la plantilla a tiempo parcial y desigualdad total entre hombres y mujeres) y, en definitiva, un descuelgue generalizado de los derechos y condiciones que con mucho esfuerzo se habían conseguido para los trabajadores y trabajadoras de este sector.

La ventaja competitiva de las grandes superficies se está basando en el deterioro de las condiciones laborales de su personal, ya que empresas que finalizan su año contable con beneficios buscan un mayor margen de ganancias a costa de los trabajadores, y también de los consumidores. Ante lo cual, UGT insiste en que el camino no puede ser el profundo recorte de los derechos y salarios de los trabajadores de las grandes superficies.

Se abre el proceso de elecciones sindicales en muchas empresas: El Corte Inglés, Hipercor, Alcampo, Carrefour, Leroy Merlin, Makro, FNAC, Media Markt, IKEA, Cortefiel, Eroski, Toys'R'Us, etcétera, y son numerosos los trabajadores que quedan a disposición de las futuras negociaciones y acuerdos con las patronales.

Es el momento de legitimar a los que nos van a representar durante los próximos cuatro años y quizás sea ésta la mejor ocasión para reflexionar sobre qué queremos defender en nuestros de trabajo y cómo queremos que lo defiendan.

Este mes de agosto se han cumplido 126 años del nacimiento de la Unión General de Trabajadores, un 12 de agosto de 1888, fecha en la que decidieron unirse las sociedades obreras y de resistencia para mejorar las condiciones laborales y de vida de todos los trabajadores, regulando la jornada laboral, un salario mínimo o la igualdad salarial entre sexos. Su lucha consiguió la libertad sindical, el derecho de huelga, y un sistema de relaciones laborales basado en la negociación colectiva..., pero no sólo se lograron mejoras en las condiciones de trabajo, su lucha se dirigió también a lo que hoy consideramos los pilares básicos del Estado de Bienestar.

El acceso a la educación y a la salud para todas las personas fueron objetivos prioritarios en la construcción de una nueva sociedad de igualdad, y han marcado la historia de la UGT como sindicato de clase, donde la universalidad de esos objetivos son una cuestión de justicia social y un requisito imprescindible para el desarrollo económico y la cohesión social de una nación.

UGT apuesta por defender las condiciones laborales y los derechos de los trabajadores y trabajadoras, como lo lleva haciendo en los últimos 126 años, a la vez que intenta también transformar la sociedad para que pueda desarrollarse sobre unas bases de justicia social, igualdad y solidaridad. Valores y fines que nos diferencia enormemente de los sindicatos de empresa.

Fuente : http://www.madridiario.es/opinion/elecciones-sindicales-grandes-almacenes/m-jose-tajuelo/414886

El juez desestima la demanda de Panrico y considera legal la huelga

El juzgado entiende que la empresa incumplió el convenio y vulneró el derecho de huelga, y absuelve al comité de empresa, al de huelga y a las federaciones agrolimentarias de CCOO y UGT. La compañía recurrirá el fallo

El Juzgado 3 de Sabadell ha sentenciado como legal la huelga de los trabajadores de Panrico en Santa Perpètua de la Mogoda (Barcelona), que se alargó durante ocho meses y rechazaba centenares de despidos, y ha desestimado la demanda que presentó la empresa por considerar el paro indefinido ilegal, ha informado CCOO de Catalunya en un comunicado.

El juicio se celebró el 13 de febrero, aunque la sentencia no se ha hecho pública hasta este jueves, y absuelve a los demandados, que eran el comité de empresa, el comité de huelga, las secciones sindicales de CCOO y UGT y las federaciones agroalimentarias de ambos sindicatos, a quienes Panrico les solicitaba cinco millones de euros por daños y perjuicios.

Panrico les solicitaba cinco millones de euros por daños y perjuicios El juez expone en los fundamentos jurídicos que la huelga fue legal, así como que la empresa incumplió las condiciones pactadas en el convenio colectivo y vulneró el derecho fundamental de huelga, ha explicado la Federación Agroalimentaria de CCOO de Catalunya, que ha celebrado el fallo judicial.

Fuentes de Panrico han explicado a Europa Press que, dados los tiempos de la justicia y una vez finalizada la huelga en junio, la sentencia es ahora "irrelevante para el día a día", ya que no tendrá ninguna incidencia en el funcionamiento de la factoría.

Las mismas fuentes han confirmado que Panrico recurrirá la sentencia y que sus servicios jurídicos siguen defendiendo la ilegalidad de la huelga, por lo que confían en que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) declare nula la sentencia de Sabadell.

UNI Global Union denuncia a Prosegur ante el Gobierno español tras ataque violento contra sindicalista

UNI Global Union ha pedido al gigante de la seguridad española Prosegur que denuncie públicamente la violencia contra sindicalistas tras una brutal agresión contra un dirigente sindical en América Latina.

UNI, el sindicato global para los trabajadores de seguridad, contactó al Punto Nacional de Contacto español de la OCDE en Madrid esta semana para pedir una intervención urgente, tras que Luis Cárdenas, un trabajador de Prosegur que se encontraba fuera de servicio, fuese atacado con saña en el Perú.

Cárdenas, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Prosegur, fue golpeado en la cabeza con una piedra en un ataque gratuito a poca distancia de su casa en Lima. No se le sustrajo ningún objeto personal.

La agresión se produjo un mes después de que se circulasen panfletos anónimos al personal en las instalaciones de Prosegur en Lima, identificando a Cárdenas como un dirigente sindical con estrechos vínculos con UNI y acusándolo falsamente de malversación de fondos sindicales.

Philip Jennings, Secretario de UNI Global Unión General dijo: "Estamos indignados por este ataque contra un dirigente sindical, tratándose del más reciente de una serie de amenazas verbales y físicas contra miembros sindicales que trabajan en Prosegur."

"Hemos advertido repetidamente a Prosegur de que su personal está en peligro, pero, por desgracia, se ignoraron nuestras preocupaciones y ahora un trabajador inocente ha pagado las consecuencias. UNI Global Union no descansará hasta que Prosegur denuncie públicamente la conducta amenazadora hacia todos los miembros sindicales."

UNI Global Union había escrito con anterioridad a la dirección de Prosegur expresando su gran temor por la seguridad personal de los miembros sindicales en todas las operaciones latinoamericanas de la empresa española y advirtiendo que los folletos y afirmaciones incendiarias de la dirección estaban poniendo en peligro al personal. UNI solicitó a la empresa que prohibiese la distribución de los folletos en el recinto de la empresa pero Prosegur no respondió.

Luis Cárdenas, del sindicato de trabajadores de Prosegur de Perú, dijo: "Exigimos el derecho de hacer nuestro trabajo sin temor a ser perseguidos.”

"Nuestros miembros permanecen desafiantes y seguirán tratando de mejorar las vidas de los trabajadores de Prosegur en Perú. Agradecemos poder contar con el apoyo del movimiento sindical nacional y mundial en esta misión."

UNI Global Union presentó una queja ante el Gobierno español en noviembre de 2013 expresando que la empresa había violado repetidamente las directrices de la OCDE para las empresas multinacionales en cuatro países latinoamericanos. El caso sigue pendiente.

Una protesta sindical está prevista tener lugar ante la Embajada de España en Lima. UNI Global Union ha solicitado a Prosegur que envíe un mensaje a sus trabajadores de que no tolerará este conflicto:

Denunciando públicamente toda violencia contra miembros sindicales en todas sus operaciones mundiales

Impidiendo la distribución en el recito de la empresa de material difamatorio contra miembros sindicales

El juez declara improcedente el despido de Amaya Muñoz por faltar al trabajo el día de su desahucio

El Juzgado de lo Social nº 2 de Madrid ha establecido que el despido de Amaya Muñoz por la empresa Konecta BTO, dedicada al telemarketing, "debe considerarse no ajustado a Derecho", y lo ha declarado improcedente.

Muñoz, de 31 años, fue despedida el pasado octubre por "repetidas faltas al trabajo", entre ellas, el día en el que fue desahuciada del piso en el que vivía en régimen de alquiler en Madrid y algunos días posteriores -todas debidamente justificadas, según explicó la trabajadora a Público-, a consecuencia de la ansiedad y el estrés generados por esta situación.

Sin embargo, tras una campaña de denuncia a la empresa, propiedad de Banco Santander y con más de 10.000 empleados en todo el país, la afectada decidió llevar su despido a los tribunales.

Ahora, nueve meses después del despido, el juez da la razón a la trabajadora y da cuenta de la "mala fe" de la empresa, que contabilizó como bajas dos visitas al médico, que según el convenio colectivo está reconocidas dentro de las 35 horas anuales retribuidas para visitas al médico. Sin embargo, la reforma laboral del PP, que redujo considerablemente los días permitidos para ausentarse del trabajo, [un máximo del 20% de ausencias durante dos meses consecutivos] posibilitó a Konecta BTO entregarle a Amaya la carta despido después de contabilizar esos días como bajas laborales.

La empresa, dice la sentencia, "ha reconocido que en los cálculos indicados en la comunicación de cese sobre días de ausencia de la trabajadora no ha excluido las 35 horas retribuidas al año a que los trabajadores tienen derecho para asistir a consulta médica". El juzgado da a elegir a Konecta entre dos opciones: readmitir a la trabajadora con idénticas condiciones laborales, o indemnizarla con 309 euros, a los que habría que descontar 231 que ya percibió con indemnización pode despido objetivo, una cantidad que consideran "ridícula".

"La empresa utilizó la reforma laboral de forma torticera"

Según han explicado a Público fuentes del sindicato, la sentencia "reconoce en sus términos la postura defendida: que la empres usó subterfugios para desperdir a Amaya contabilizando como ausencias laborares días reocnocidas por permisos".

"Fue despedida por estar enferma, y es cierto que la nueva reforma laboral permite estos despidos pero, en este caso, la empresa ha forzado el Derecho para aparentar unas ausencias justificadas en el convenio colectivo.Es usar la reforma laboral de la forma más torticera", setencian.

La CNMC pide al Gobierno que no incluya en el contrato de seguridad privada la subrogación del personal

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) pide al Gobierno que no incluya en el contrato centralizado de servicios de seguridad integral para varios edificios públicos la obligación de subrogar al actual personal que presta este servicio o que, al menos, se "interprete restrictivamente" esta obligación por cuanto limita la posibilidad de competencia.

Así se recoge en el 'Informe sobre los pliegos del contrato centralizado de servicios de seguridad integral y de auxiliares de control en edificios de la Administración General del Estado y sus organismos' que este jueves ha publicado el 'superregulador' y que recoge Europa Press.

El contrato al que se refiere el documento fue licitado por el Ministerio de Hacienda el pasado 18 de julio para cubrir los servicios de vigilancia y protección de bienes, el mantenimiento de equipos e instalaciones de seguridad y los servicios auxiliares de control (conserjería y portería) de una veintena de edificios de la capital, entre ellos los ministerios de Agricultura, Educación o Hacienda; la Confederación Hidrográfica del Tajo o la Delegación del Gobierno en Madrid.

La licitación está dividida en cuatro lotes valorados en 30,4 millones --van de los 14,27 millones el más grande a 965.900 euros el más pequeño-- por un periodo de 22 meses prorrogables por el mismo tiempo, lo que eleva el presupuesto a un máximo de 55 millones. Con ello se ahorrarán unos 4 millones de euros.

Los servicios se irán incorporando desde el 1 de diciembre de 2014 hasta julio de 2015 en función de la finalización de los 22 contratos en vigor actualmente. En todo caso, la finalización es fija para todo el contrato y está fijada el 30 de septiembre de 2016.

VALORACIÓN POSITIVA GENERAL

Así, la CNMC hace una valoración positiva general de la unificación del contrato en aras a conseguir una "mayor eficiencia en la utilización de los recursos públicos", y agradece también que se le hayan remitido los pliegos para su estudio. No obstante, recomienda que la próxima vez la consulta se haga antes de publicar el concurso.

No obstante, advierte de que existen algunos problemas desde el punto de vista de la competencia, como la obligación de subrogar al personal que actualmente presta el servicio. La Comisión subraya que "se corre el riesgo de perder gran parte de la posibilidad de competencia en la licitación" ya que la plantilla constituye un "input fundamental" en el precio que se puede ofrecer.

Es decir, que muchas pequeñas empresas no podrían asumir el coste de incorporar una "estructura organizativa alternativa" a la propia, lo que podría disuadir a algunos posibles licitantes de concurrir. Además, se trata de un criterio con "excesivo peso" en la valoración pese a ser "escasamente relevante para la ejecución de la prestación" e "imponer costes adicionales".

"Por esos motivos, se recomienda que la exigencia de subrogación debiera, si no eliminarse, cuanto menos interpretarse restrictivamente por parte de los órganos de contratación", concluye el organismo que preside José María Marín Quemada.

En otro punto del informe se reclama "una mayor justificación" a la inclusión, entre las condiciones de solvencia, de la exigencia de un número de trabajadores con formación profesional concreta, ya que "además de introducir una posible barrera de entrada a la prestación del servicio se impone una limitación a la libertad de organización de recursos del adjudicatario".

"El hecho de exigirse en todos y cada uno de los lotes estos requisitos de personal puede ser especialmente restrictivo, en la medida en que para un licitador que pudiese obtener más de un lote podrían generarse sinergias que permitiesen ganancias en eficiencia. Cabe pensar que, salvo justificación expresa en contra, pudiera compartirse personal entre lotes adjudicados a un mismo licitador dada la escasa dispersión geográfica", añade la CNMC.

LIMITAR EL RIESGO

La Comisión también recomienda eliminar la cláusula que prevé una indemnización equivalente al 3% de los servicios contratados si se produce una reducción del servicio superior al 10% del importe de la adjudicación. "No se considera adecuado restringir el principio de riesgo y ventura que debe asumir el contratista, sin que quepa aventurar además beneficio alguno para los usuarios del servicio", señala.

Con respecto a los plazos de duración del contrato, pese a comprender la necesidad de tiempos largos ante un servicio complejo como la seguridad integral, la CNMC recomienda que el derecho a prórroga se interprete "de forma restrictiva, examinando su necesidad, proporcionalidad y mínima restricción" dado que supone "el cierre absoluto del mercado durante su vigencia".

Además, cree que esta figura no debería justificarse alegando que incentiva a los posibles licitadores, ya que ese mismo objetivo "podría conseguirse por otras vías menos restrictivas para la competencia".

VALORACIÓN DE LOS CONTRATOS

La CNMC se centra por último en los criterios de aceptación de ofertas y en el procedimiento de valoración. Así, cree que deberían reducirse las condiciones mínimas de solvencia económica, financiera y profesional o técnica para presentarse a cualquiera de los lotes, y no sólo al de menor cuantía, de modo que se favorezca la concurrencia.

También opina que las exigencias económicas a las empresas aspirantes deberían ser acumulativas de diferentes años para no ser "excesivas o desproporcionadas" para las pymes, del mismo modo que no deberían incluirse criterios económicos --como los presupuestos o el volumen de negocio-- entre los requisitos de solvencia técnica.

La CNMC cree que los licitadores de otros estados miembros de la UE deberían tener requisitos de solvencia "equiparables" a los exigidos a las empresas españolas, y también rechaza que se limite a dos los lotes por los que se pueden presentar ofertas, sugiriéndose la eliminación de este tope.

Asimismo, cree que la exigencia de visitar los edificios puede suponer un problema para licitadores de fuera de Madrid, sugiriendo la posibilidad de mandar la información por vía telemática; y avisa de los "claros efectos anticompetitivos" de que la primera fase de la valoración sea eliminatoria, ya que "excluye a operadores sin haber podido valorar de forma completa su oferta".

La Comisión advierte por último de que hay demasiados criterios sujetos a una "valoración subjetiva", lo que supone una "excesiva discrecionalidad"; y rechaza la inclusión del factor corrector de penalización para las bajas inferiores al 10% del precio, lo que "estimula la formalización de ofertas que incluyan bajas superiores a dicho porcentaje".

"Sería recomendable que, dada la trascendencia del criterio precio, se realice una justificación de por qué, frente a otros posibles porcentajes, se ha considerado que el 10% ha de ser el umbral adecuado que justifique esta diferencia en la asignación de puntuación en las ofertas", concluye.

EL CERMI PLANTEA A INTERIOR QUE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PUEDAN TRABAJAR EN LA SEGURIDAD PRIVADA

El l Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha planteado al Ministerio del Interior que abra el ejercicio profesional de la seguridad privada a las personas con discapacidad, ámbito laboral del que ahora están excluidas normativamente.

Ante el próximo desarrollo reglamentario de la Ley de Seguridad Privada, aprobada en abril de 2014, el Cermi propone recoger “expresamente” en la nueva norma la opción de que las personas con discapacidad puedan acceder al desempeño de actividades de seguridad privada.

Según los planteamientos del Comité, el reglamento de seguridad privada, pendiente de aprobación, debe incluir disposiciones que permitan tanto el acceso (nuevo ingreso) a la seguridad privada de personas con discapacidad, como el mantenimiento en esta actividad cuando la discapacidad sea sobrevenida, es decir, en el caso de que la persona ya viniera trabajando en este sector, y por accidente, enfermedad u otro hecho causante adquiriese una discapacidad.

Con la regulación actual, que, según el Cermi, “ha de ser superada”, las personas con discapacidad tienen vetado el acceso a la seguridad privada por entender que no reúnen condiciones psicofísicas adecuadas.

El sector de la seguridad privada da empleo a más de 100.000 personas en España y, para el Cermi, “debe ser una oportunidad de ocupación para las personas con discapacidad, sin exclusiones injustificadas”.

El nuevo reglamento de Seguridad Privada estra listo antes de Navidad

El subdelegado del Gobierno en Salamanca, Javier Galán, ha inaugurado esta mañana el III Congreso de Seguridad Privada en Castilla y León organizado por Seguritecnia y Caja Rural de Salamanca y que cuenta con la colaboración especial de la Delegación del Gobierno en Castilla y León.

Con la presencia de unas 130 personas representantes de 60 empresas de seguridad, Javier Galán destacó que la seguridad se asienta de forma estable sobre la Guardia Civil, la Policía Nacional y la seguridad privada, “estando cada uno en su sitio” y añadió “es gravísima la responsabilidad que nos cae, pero también es un orgullo”. En Salamanca la colaboración Fuerzas de Seguridad con la seguridad privada “funciona muy bien, sin distorsiones que alteren la convivencia”. Respecto a la nueva Ley de Seguridad Privada en marcha desde el 5 de junio de este año, afecta tanto a los servicios que prestaba antes como a la coordinación y establece de manera clara los límites de la actuación de cada uno. Esta nueva Ley, según Galán, pretende solucionar las lagunas que había y dejar claras las competencias.

Otro de los participantes en esta jornada, el presidente de Seguritecnia, Javier Borredá, destacó el paso adelante que supone la aplicación de la nueva ley y aseguró que el reglamento de seguridad privada saldrá antes de navidades. “Vamos por delante de Europa”, con las nuevas tecnologías hay que cambiarlo todo, formar más a los profesionales.

Por su parte, Juan Carlos Robledo, director de seguridad de Caja Rural de Salamanca, explicó que la seguridad privada complementa al servicio de seguridad público. “Podemos beneficiar a la seguridad en general, hay intervenciones de vigilantes, escoltas que aportan seguridad”. Se trata “de ser un complemento de la seguridad pública”. Robledo afirmó que la nueva Ley también recoge los delitos asociados a las nuevas tecnologías y apuntó que entre los nuevos aspectos de la normativa referida a los vigilantes, en el ejercicio de sus funciones adquieren la protección jurídica de agente de la autoridad, “que era necesario”. “Se ha dado un paso en este sentido, pero siempre dependiendo de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, nosotros somos un complemento, nunca podemos sustituir a la seguridad pública”. También aseguró que Salamanca y Castilla y León son un referente en seguridad privada, con la Escuela de Policía de Ávila, academias privadas, empresas propias y el Inteco en Leon.

PROSEGUR | Glory Global Solutions optimiza los procesos de gestión

La compañía implanta en España y Portugal la solución Ntegra, una contadora y clasificadora de billetes multidivisa homologada por el Banco Central Europeo.

Prosegur cubre ahora el ciclo completo de gestión del efectivo y, para garantizar la trazabilidad de las remesas de dinero, ofrece servicios de transporte y manipulado en una misma solución. Por ello se ha apoyado en Glory Global Solutions para crear una infraestructura tecnológica que le permita realizar un conteo de dinero rápido, preciso y eficaz, y que, además, se integra fácilmente con sus procesos de tratamiento del efectivo.

La compañía ha implementado en sus delegaciones de España y Portugal contadoras de billetes capaces de procesar grandes volúmenes de efectivo de modo ininterrumpido, minimizando los errores. Asi se garantiza que el efectivo se mueve adecuadamente en todas las operaciones, elevando así las cotas de productividad de las personas que lo tratan e incrementando la eficiencia del sistema.

“La flexibilidad a la hora de integrar Ntegra con el software de gestión de efectivo de Prosegur ha jugado un importante papel en la consolidación del proyecto. Además, la calidad del servicio de mantenimiento nos permite garantizar las operaciones a nuestros clientes”, afirman desde el área de gestión de efectivo de Prosegur en España.

A través de este acuerdo, Prosegur, que a lo largo de sus casi cuatro décadas de trayectoria ha mantenido su compromiso con la innovación y la tecnología, sigue avanzando en la optimización de sus procesos de gestión de efectivo.

La Fundación Prosegur colabora con Ayuda en Acción para apoyar a familias en riesgo de exclusión social en España

   

La Fundación Prosegur ha suscrito un convenio con la organización española de cooperación internacional Ayuda en Acción con el fin de mejorar, principalmente a través de los centros escolares, las condiciones de vida de las familias que han entrado en situación de vulnerabilidad a raíz de la crisis económica.

   Mediante este acuerdo, firmado por el presidente de Ayuda en Acción, Jaime Montalvo y la presidente de Prosegur y de la Fundación Prosegur, Helena Revoredo, la compañía apoyará a 25 menores procedentes de distintos centros escolares de Carabanchel y Aluche, en Madrid, donde interviene Ayuda en Acción a través de su programa de apoyo a la infancia.

   Según el presidente de Ayuda en Acción, Jaime Montalvo, "proponemos con una visión a medio y largo plazo, el apoyo y acompañamiento a las familias, haciendo un entendimiento de sus necesidades y procurando vías de desarrollo sostenible para las mismas. De cara al próximo curso escolar, y en la medida de disponer de más recursos, estamos identificando nuevos centros educativos para incorporarlos al programa y poder cubrir más necesidades".   Esta ayuda se centrará en atender las necesidades de alimentación, mediante becas de comedor, en diversos campamentos urbanos organizados por la ONG, donde los niños continúan formándose durante el verano.

   En este sentido, la presidente de la Fundación Prosegur, Helena Revoredo ha afirmado, "queremos contribuir a la mejora de las condiciones de vida de los niños, niñas y sus familias que se encuentran en una situación más difícil debido a la crisis que afecta a España en los últimos tiempos".