El presidente de la UD Las Palmas no sólo se encarga de la seguridad de su estadio, también vigila el Palacio Real, el ministerio de Defensa o el Metro de Madrid y eso que comenzó lavando los coches a los jugadores.
«En casa de herrero, cuchillo de palo», debió maldecir Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas y propietario de Seguridad Integral Canaria, la mayor empresa de seguridad de las islas, el pasado domingo. Sus vigilantes, perfectamente uniformados (gorra de plato, porra, esposas y silbato) y suficientemente preparados («seguridad eficaz», reza el lema de la empresa en su web), no pudieron impedir la invasión del terreno de juego del estadio, lo que frustró el ascenso de su equipo a Primera División. Tras la confusión por la refriega, su rival, el Córdoba, remontó el partido en el último minuto.
Una mueca cruel que el destino le tenía reservada al «rey de la seguridad», como popularmente se le conoce a este empresario canario de 45 años, casado, con dos hijas y que desde el pasado mes de marzo puede presumir de vigilar la casa de otro monarca: el Palacio Real de Madrid. El contrato se sumó a los que Patrimonio Nacional ya mantenía con Seguridad Integral Canaria: el Monasterio de Yuste (Cáceres), el Palacio de Tordesillas (Valladolid), los palacios de Aranjuez y El Pardo (Madrid), La Almudaina (Mallorca); La Granja y Riofrío (Segovia), el Monasterio de Las Huelgas (Burgos), más El Escorial y el Valle de los Caídos, también en Madrid.
Por lo que se ve, a dónde sí ha ascendido Miguel Ángel Ramírez es a la primera división de las empresas de seguridad españolas. Sus últimas concesiones así lo confirman. Por ejemplo, en el año 2013 su empresa ganó un concurso con Defensa para llevar la seguridad de sus instalaciones por 745.000 euros, y hace cinco meses, en enero, dos nuevos concursos de Defensa fallaron a su favor por importes de 360.248 y 351.926 euros. Antes, también en 2013, ya se hizo con el control de la Delegación del Gobierno en Madrid por 305.000 euros.
Además de palacios, jardines y cementerios, Ramírez también ha conquistado el cielo de la seguridad privada en España. Sus vigilantes canarios son los responsables desde 2012 de la seguridad de los centros de AENA en Paracuellos y Torrejón (por 600.000 euros), y también del subsuelo de la capital ya que Ramírez se quedó hace dos años con la seguridad del Metro de Madrid (23,1 millones), y también las mismísimas entrañas de la Administración al vigilar la Tesorería de la Seguridad Social (2,4 millones).
Y es que el ascenso de este empresario ha sido vertiginoso. Ramírez ha pasado en 25 años de cuidar y lavar los coches de los jugadores del equipo local de baloncesto -«cobraba 10.000 pesetas de entonces»- a presidir el club de fútbol de su ciudad y ser el propietario de un grupo empresarial Ralons Servicios (unión de sus apellidos Ramírez y Alonso), con más de 5.200 trabajadores. Él siempre recuerda sus orígenes: «Secaba el parqué de la pista cuando uno se caía y llevaba un chándal de la cooperativa de seguridad de mi padre y por la publicidad me pagaban 500 pesetas. Comerciaba con todo». No acabó el instituto y se empleó en lo que pudo. Vendió fruta, como su abuelo, y tuvo algún trabajo como ayudante de detective. De un barrio de casas humildes construidas por el patronato Francisco Franco donde vivía con sus padres en Las Palmas ha pasado a tener casa propia en Miami, donde viaja a ver a los Heat desde un palco privado. En Las Palmas todo el mundo le identifica en su BMW 750 con chófer, mientras que en Madrid tampoco pasa desapercibido al conducir un Porsche Panamera valorado en 150.000 euros.
Pero, ¿quién vigila al vigilante? Ahí está la cuestión, porque todos los éxitos anteriores los ha conseguido Ramírez sorteando una cantidad ingente de denuncias, querellas y sentencias contra él y sus empresas. En mayo de 2010, fue condenado a tres años de prisión por un delito urbanístico, pero dos años después el Gobierno de Mariano Rajoy le concedió un indulto parcial que le evitó entrar en la cárcel, al rebajarle la pena a dos años. Eso sí: con los informes contrarios del tribunal sentenciador y de la fiscalía. ¿Una decisión política? Por eso a nadie extrañó que el pasado 30 de noviembre el mismísimo ministro de Industria, José Manuel Soria, grancanario como él, inaugurase un concesionario de BMW, propiedad de Ramírez, en Las Palmas.
Querella por no pagar
Aunque los problemas judiciales no cesan para el empresario. La fiscalía de Canarias tiene presentada contra él una querella por presuntos delitos contra Hacienda y la Seguridad Social, al dejar de ingresar, en 2008 y 2009, las cuotas sociales y las retenciones de muchos de sus vigilantes «camuflando las horas extras como dietas y gastos de viaje». Según la fiscal, Ramírez conseguía reducir el coste de sus cargas sociales, al estar las dietas exentas de cotización, eludiendo también su cálculo como nómina y su correspondiente retención fiscal.
«Es un fraude a la Seguridad Social y a Hacienda, pero también a los trabajadores», detalla Antonio Duarte, secretario general de FTSP-USO (Federación de Trabajadores de Seguridad Privada), sindicato que ejerce la acusación popular. «Al no aparecer esas cantidades como salario, el trabajador pierde derechos de desempleo y de pensión. La empresa se ahorra un 30% de cotización y un 6% de IRPF por cada hora extra que no cotiza como tal. Un 36% en total».
Ramírez prestó declaración el 1de abril ante el juzgado de Las Palmas. Allí negó haber defraudado a Hacienda o a la Seguridad Social y acusó a USO de defender «intereses de la competencia». Durante su declaración aclaró el pago de dietas y kilometrajes al estar «perfectamente justificadas» negando que su empresa obtuviera con esta práctica «ventajas competitivas».
En mayo Ismael Franco, abogado de USO, amplió la querella, añadiendo los ejercicios 2010, 2011, 2012 y 2013 a los anteriores y solicitando una fianza de responsabilidad civil contra Ramírez por un importe de 53 millones. El juez todavía no se ha pronunciado, pero seguro que Miguel Ángel Ramírez mira de reojo el tiempo de descuento de este partido
