La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha dictado sentencia en la que se anula el listado de trabajadores de la provincia de Pontevedra de la empresa Securitas Seguridad España incluidos en un Expediente de Regulación de Empleo de carácter extintivo, que afectaba a 28 empleados (de una plantilla total de 178).
El acuerdo para la aplicación del ERE, que inicialmente fue suspensivo, se firmó en mayo pasado, después de que la empresa y los representantes de los trabajadores hubieran pactado los criterios para seleccionar a los empleados que integrarían esa lista de despedidos.
Así, el acuerdo contemplaba que se incluiría preferentemente a trabajadores que acumulasen sanciones, que presentasen alto absentismo, que hubieran protagonizado incidencias o estuvieran afectados por rotaciones solicitadas por los clientes.
Sin embargo, según ha explicado la CIG en una rueda de prensa, la empresa presentó un listado de 28 personas en las que no se cumplían esos criterios y en la que, además, «la CIG resultaba excesivamente perjudicada». De hecho, 20 de los incluidos eran afiliados de este sindicato.
La central nacionalista denunció este hecho ante la Inspección de Trabajo, y la empresa elaboró una nueva lista en la que, no obstante, seguía habiendo 16 afiliados de la CIG. Por ello, el sindicato recurrió a los tribunales, que ahora le han dado la razón.
Tras la anulación de ese listado, Securitas (que tiene cinco días para presentar un recurso de casación ante el Supremo) debe reincorporar a esos trabajadores, que han estado cobrando de organismos públicos al haber estado en situación de ERE y luego en el paro.
Vulneración de derechos
El responsable de negociación colectiva de CIG-Servizos, Pedro Pérez, ha puntualizado que el sindicato no se opone a la aplicación del ERE, pero sí a la forma en que se elaboró el listado, porque vulnerar el derecho de libertad sindical de los afectados.
De hecho, en la sentencia del TSXG, se pone de manifiesto que la empresa incumplió los criterios pactados para seleccionar a los trabajadores que serían despedidos, y considera que «hay indicios racionales de discriminación sindical».
Nueva lista
«El problema ahora es que no sabemos cómo va a elaborar la nueva lista, ni qué va a pasar con los trabajadores afectados, con sus cotizaciones, o con las prestaciones que percibieron», ha apuntado Pedro Pérez, quien también ha recordado que el conflicto se agravará por las actuales tensiones en la negociación del convenio colectivo y el 'descuelgue' de la empresa.
El anuncio de Securitas de que necesitaba recurrir a un ERE en la provincia de Pontevedra por causas «organizativas y productivas» se produjo en abril de 2013, pocos días después de que Pescanova prescindiese de 21 trabajadores de esta empresas que realizaban servicios de seguridad y auxiliares en la pesquera.
La central nacionalista denunció este hecho ante la Inspección de Trabajo, y la empresa elaboró una nueva lista en la que, no obstante, seguía habiendo 16 afiliados de la CIG. Por ello, el sindicato recurrió a los tribunales, que ahora le han dado la razón.
Tras la anulación de ese listado, Securitas (que tiene cinco días para presentar un recurso de casación ante el Supremo) debe reincorporar a esos trabajadores, que han estado cobrando de organismos públicos al haber estado en situación de ERE y luego en el paro.
Vulneración de derechos
El responsable de negociación colectiva de CIG-Servizos, Pedro Pérez, ha puntualizado que el sindicato no se opone a la aplicación del ERE, pero sí a la forma en que se elaboró el listado, porque vulnerar el derecho de libertad sindical de los afectados.
De hecho, en la sentencia del TSXG, se pone de manifiesto que la empresa incumplió los criterios pactados para seleccionar a los trabajadores que serían despedidos, y considera que «hay indicios racionales de discriminación sindical».
Nueva lista
«El problema ahora es que no sabemos cómo va a elaborar la nueva lista, ni qué va a pasar con los trabajadores afectados, con sus cotizaciones, o con las prestaciones que percibieron», ha apuntado Pedro Pérez, quien también ha recordado que el conflicto se agravará por las actuales tensiones en la negociación del convenio colectivo y el 'descuelgue' de la empresa.
El anuncio de Securitas de que necesitaba recurrir a un ERE en la provincia de Pontevedra por causas «organizativas y productivas» se produjo en abril de 2013, pocos días después de que Pescanova prescindiese de 21 trabajadores de esta empresas que realizaban servicios de seguridad y auxiliares en la pesquera.
