En el número 15 de la calle de Belfast, en un polígono industrial a las afueras de Madrid, una nave gigantesca acoge los restos de lo que hasta hace muy pocos meses era una de las mayores empresas de seguridad de España: cámaras acorazadas, 30 vehículos blindados, maquinaria de limpieza y alarmas valoradas en dos millones que serán desahuciados por abandono el próximo día 24 si sus dueños no se presentan a rescatarlos.
Su propietario, Juan José Prados del Pino, de 65 años, no está ni se le espera. Permanece desaparecido desde octubre de 2012 junto a su esposa, María Pilar García de la Torre, de 58, y uno de sus tres hijos, un adulto con una discapacidad, y ha eludido por el momento la acción judicial. Una juez de Madrid le acusa de delitos contra la Seguridad Social y contra los derechos de los trabajadores —adeuda más de 30 millones de euros— y ha dictado una orden de búsqueda y captura internacional. Las primeras pistas conducen hacia Argentina y Portugal.
Ni la policía que le investiga, ni la juez que instruye el caso, ni los 2.000 trabajadores que le han denunciado por impago de sus nóminas saben cuantificar el tamaño exacto del agujero que ha dejado a su plantilla y a la Seguridad Social este hombre grueso, paternalista, emprendedor y maestro en comprar voluntades entre los funcionarios de las administraciones donde sus empresas obtenían millonarios concursos públicos. Entre ellos, el del propio Ministerio de Empleo y Seguridad Social, cuya sede vigilaban sus hombres, al que facturó más de seis millones de euros. En su palco del Real Madrid, de 20 plazas, y en su yate Sweet Dreams 2, de 31 metros de eslora, se acomodaron una larga lista de funcionarios y algunos sindicalistas. “Era un gran conseguidor”, confiesa uno de sus extrabajadores y amigo.
El caso acaba de tomar un giro inesperado. Antonio Silva, uno de los directivos de Esabe detenido e imputado junto a otras diez personas en una redada policial en diciembre de 2012, ha entregado a la juez Purificación Romero, titular del Juzgado número 37 de Madrid, 200 sellos de caucho, clichés, plantillas y pegatinas de decenas de organismos oficiales de Valencia, Madrid, Badalona, Cáceres y Sevilla con los que supuestamente se falsificaron documentos públicos, según aseguran fuentes de la investigación a El PAÍS..
¿Para qué se utilizaron los tampones de los Ministerios de Fomento y Justicia, la Agencia Valenciana de Salud, la Empresa Municipal de Aguas de Sevilla o la
Consejería de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, donde Esabe consiguió contratos por ocho millones? ¿Y las plantillas de la Gerencia Territorial de Extremadura, la Intervención del Ayuntamiento de Leganés, el hospital General Universitario de Alicante o la Junta Municipal de La Latina de Madrid? Los inspectores de la Unidad de Seguridad Privada, que dirige el comisario Esteban Gándara, creen que Esabe falsificó documentos de las administraciones donde concursaba para simular que estaba al corriente con la Seguridad Social. Sin esa acreditación no podría concurrir. Uno de los imputados ha confesado que en
Valencia un tal Eloy facilitó los concursos del hospital de la Fe. “Tuvo que haber connivencia entre políticos y la empresa”, apunta Antonio Duarte, secretario de FTSP-USO, que ha denunciado a Esabe.El caso acaba de tomar un giro inesperado. Antonio Silva, uno de los directivos de Esabe detenido e imputado junto a otras diez personas en una redada policial en diciembre de 2012, ha entregado a la juez Purificación Romero, titular del Juzgado número 37 de Madrid, 200 sellos de caucho, clichés, plantillas y pegatinas de decenas de organismos oficiales de Valencia, Madrid, Badalona, Cáceres y Sevilla con los que supuestamente se falsificaron documentos públicos, según aseguran fuentes de la investigación a El PAÍS..
Juan José Prados trabajaba a finales de los ochenta como director financiero de Esabe Ingeniería, propiedad de José Luis Aguirre, entonces una de las compañías de seguridad más grandes de España. La empresa quebró poco después y Prados montó con cinco personas ESB (luego rebautizada como Esave y Esabe) en un modesto piso del barrio madrileño de Ciudad Lineal. El vigilante Manuel Jurado fue una de las primeras 25 personas que comenzó a trabajar con él: “Consiguió el contrato de vigilancia de Nuevos Ministerios y abrió delegaciones por toda España. Iba a los concursos a la baja, con ofertas muy agresivas. Si había que cubrir un servicio con 100 vigilantes, él lo hacía con 80, y el resto, con horas extraordinarias. En temas financieros era un hacha, enseguida sacaba la calculadora y hacía números”.
Se marchó porque temía un linchamiento
Alberto Salido, abogado de Prados
El sueño de Prados era emular a la antigua Esabe y lo logró. Extendió el negocio de la vigilancia al transporte de fondos, a las alarmas, la limpieza y los servicios auxiliares. La plantilla creció hasta 6.000 personas. En pocos años saltó del pisito en Ciudad Lineal a alquilar un edificio entero en la madrileña calle de Cronos con gimnasio, escuela de formación y un enorme sótano donde instaló la base de transporte de fondos y las cámaras acorazadas. En el parquin aguardaban un Ferrari rojo y el Audi 8 de su chófer. Su despacho estaba en la cuarta planta con una mesa de mármol blanca donde se reunía con sus directivos, a los que convenció con sobresueldos para que figuraran como administradores de sus empresas. Muchos días les recordaba que él era “Dios”. Llama la atención que Prados no aparece en ninguna de las 23 sociedades del grupo. “Se estaba desvinculando por su edad”, esgrime Alberto Salido, su abogado.
En 2009 llegaron las primeras denuncias. Los trabajadores recibían sus salarios con atraso y cobraban las horas extra en talones cruzados y fuera de la nómina. José María Ramos, un inspector de trabajo, comenzó a asomar su nariz por Esabe, y María G., la jefa de recursos humanos de la empresa, a acudir todos los martes a la Inspección de Trabajo a parar los golpes. “Había muchas propuestas de sanción, pero hacíamos alegaciones y recursos para demorarlas un año”, recuerda la extrabajadora, de 32 años. Llegaron sanciones millonarias que no se pagaban y comenzaron los embargos de cuentas. En 2011, Prados dejó de abonar las horas extra a sus empleados y hubo una avalancha de reclamaciones en los juzgados. El siguiente paso fue no pagar los salarios. Un vigilante al que se le adeudaban varios meses se ahorcó en Sevilla.
—¿Tú sabes quién es Dios?
—No.
—Lo conoces bien, lo tienes delante.
Así describe el vigilante Francisco Quintero, de 46 años, padre de dos hijos, la conversación que tuvo con Prados cuando le comunicó en su despacho que le iban a embargar su piso de 50 metros en Carabanchel (Madrid) por no poder pagar la hipoteca. “Me dio buenas palabras, pero no cobré y perdí mi casa. Siempre decía que él cuidaba por sus hombres y mujeres”.
El puente del Pilar de 2012, Prados y su esposa se despidieron de sus empleados más fieles: “Hasta el lunes”. Fue la última vez que se les vio en la sede de la calle de Cronos. Dos meses después llegó la redada policial del comisario Gándara. “Lo buscamos, pero no lo localizamos”, asegura un responsable policial. Salido, el abogado de Prados, afirma que estaba en su casa de Málaga y que se reunió con él hasta esfumarse. “Nos vimos en mi despacho este pasado verano. Luego se marchó, temía un linchamiento. La Administración le debe casi 20 millones. No pagaba porque no le pagaban. Esa es la causa de todo”.
Prados logró con regalos muchos favores, información sobre los concursos y que le agilizaran algunos pagos en Madrid y Valencia. “Fiestas, relojes y hasta un BMV 320. Era muy espléndido con los funcionarios que movían los contratos”, confiesa uno de sus extrabajadores y amigo.
El yate del empresario ha desaparecido. La juez no aceptó la petición de embargo de la Policía. La última vez que fue avistado iba rumbo a Gibraltar. “Allí tenía algo”, afirma una de sus exdirectivas.
