“Los vigilantes no somos ni una cosa ni otra. Yo salgo corriendo detrás de alguien que ha robado en la tienda, pero no me quiero meter en los líos de la calle”, explica Pedro, un agente de seguridad privada de una tienda del centro de Madrid. Ha visto en las noticias que si se acaba aprobando el proyecto de ley de seguridad privada, pendiente de trámite parlamentario, su jefe puede mandarle a patrullar en la calle. Y le da bastante miedo.
El borrador que ha presentado el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, este mes amplía aún más el terreno de acción de los vigilantes privados, que podrán hacer ronda en las calles comerciales y tendrán potestad para detener, identificar y cachear a quien cometa algún delito flagrante dentro de su área de protección delimitada. Los primeros escépticos son los propios vigilantes que, con una formación más básica que los policías, sienten que la ley no les protege como a ellos.
“El ministerio tiene que garantizar que el servicio que se delega lo pueda ejercer la seguridad privada y para eso tiene que formarnos mejor”, apunta José Rafael Centeno, Sectorial del sector de seguridad de la UGT. “Se ha atacado mucho a los vigilantes y no nos lo merecemos. Si hemos valido para escolta en el País Vasco y en Navarra durante 30 años, somos válidos para cualquier otra función, pero tenemos que recibir la formación necesaria”, añade.
La instrucción es, efectivamente, uno de los aspectos que perfila la nueva ley, aunque no deja claro cómo acabará cuajando esta intención de mejorar las competencias de los vigilantes. El borrador deja la puerta abierta a concretarla con programas de Formación Profesional o universitarios, pero los afectados temen que el Gobierno les dé responsabilidades de policía sin las herramientas para hacerlo.
“Aún tenemos mucho camino que recorrer en el trato con la ciudadanía. No es lo mismo cachear a alguien en un espacio privado que en plena calle”, advierte Nelo Maldonado, asesor de seguridad privada de CC OO y profesor en academias de vigilantes. “Incluso con la formación de algunos funcionarios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, donde se ha invertido un tiempo mucho más largo, se siguen dando casos de abuso en algunas ocasiones”, espeta el abogado penalista Jaime Sanz de Bremond. El viernes pasado, un juez de Girona imputó a seis mossos por las lesiones que sufrieron varios manifestantes antimonárquicos en dos protestas durante el mes de junio.
La profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Barcelona Roser Martínez alerta de que la reforma legislativa relaja la formación que se exige a los vigilantes armados —el 78% del total de un sector con 82.150 trabajadores—. “Ahora están obligados a hacer dos prácticas de tiro al año, mientras que el último borrador de la ley [del 10 de diciembre] solo dice que el mantenimiento de la actitud en el uso de armas se hará con la participación de instructores de tiro habilitados. No especifica ni qué actitud deben tener los preparadores, ni el número de prácticas ni el número de tiros”, explica la experta, autora de Armas: libertad americana o prevención europea(Ariel).
Martínez también destaca que la reforma permitirá que los vigilantes no depositen el arma en la empresa en algunas ocasiones. Los permisos de arma son otorgados a las empresas, no a sus trabajadores, por lo que los vigilantes están obligados a dejarla en manos de la compañía cada vez que acaban el servicio. Con la nueva ley, podrán dejarla en la caja fuerte de un hotel, por ejemplo, en el caso de que estén realizando una protección privada de varios días para evitar que tengan que desplazarse hasta la sede de su empresa.
El de Pedro, un nombre falso porque no quiere que la empresa para la que trabaja conozca su identidad, es uno de los dos perfiles más habituales en los cursos de habilitación para seguridad privada: parado de larga duración, mayor de 40 años y con una profesión de un sector en declive, como la construcción. De hecho, él es mecánico, pero después de varios años en el paro, acabó optando por esta alternativa. Después de pasar unos meses supervisando estaciones de Renfe, encontró un trabajo más estable, aunque, según cuenta, no pasa de mileurista.
Además, considera que la ley es “innecesaria” y redundante con el Código de Enjuiciamiento Criminal de 1992 según el cual cualquier ciudadano que presencia un delito debe ponerlo en conocimiento de las autoridades, aunque la detención queda en manos del funcionario. “Un vigilante en unos grandes almacenes actúa con la Ley de Enjuiciamiento Criminal en la mano, no hace falta hacerlo patente en otra norma”, insiste. “No les puedes equiparar a un policía, pero tampoco a un ciudadano corriente”, replica Cobas, que insiste en que la regulación actual deja sin protección a los agentes en determinadas situaciones.
La reforma legislativa solo equipara a los vigilantes a agentes de la autoridad —una demanda histórica del sector— en el caso de que estén realizando una acción junto a la policía y reciban una agresión. “Este supuesto es conceptual”, zanja Sanz de Bremond, aunque puede convertirse en “una justificación de su agresión para justificar tu agresión”.
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